El reto de la seguridad en la cadena de suministro

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La gestión de la cadena de suministro ha sufrido cambios profundos en los últimos años, como es el caso del aumento de la tercerización de procesos y servicios en países de bajo costo como los del Lejano Oriente y Suramérica. Esta situación ha hecho que la cadena de suministro sea cada día más global, situación que refleja aspectos positivos como un flujo de mercancías más eficiente a nivel universal, de tal forma que se puede tener acceso en cortos periodos a bienes producidos desde cualquier parte del mundo.

Entre los aspectos y las consecuencias negativas se evidencian vulnerabilidades y disrupciones, como son los desastres naturales y el contrabando, entre otros, que tienen gran impacto en el entorno del comercio global, como se menciona en el artículo Managing the Global Supply Chain. Por tanto, cuanto más globalizada sea la cadena de suministro, mayor será su exposición a riesgos y ambientes turbulentos.

Aun así, fue el 11 de septiembre de 2001 el día que marcó un punto de quiebre en materia de seguridad a lo largo de la cadena de suministro internacional, de tal manera que el terrorismo se perfiló como una nueva amenaza en el tránsito y transporte de mercancías, conformándose nuevos retos y amenazas para los controles fronterizos y de aduanas, que deben ser objeto de estudio a fin de salvaguardar el flujo comercial de bienes y la seguridad de los consumidores.

Bajo este contexto comienzan a desarrollarse diferentes políticas y programas público-privados enfocados a gestionar la seguridad a lo largo de la cadena de suministro internacional. Es el caso de C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism), desarrollado en Estados Unidos, y la figura del Operador Económico Autorizado (OEA) bajo los lineamientos del Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), implementado en más de 77 países y en proceso de desarrollo en otros 17.

En el caso colombiano, la figura de OEA fue adoptada por el Decreto 3568 de 2011 y a la fecha tan solo se cuenta con 72 empresas calificadas, de un universo de 947 compañías, que para finales de enero de 2019 contaban con la calificación de Usuario Aduanero Permanente (UAP) y 189 calificadas como ALTEX, según registros de la subdirección de gestión de registro aduanero de la DIAN. Es decir, un poco más de mil compañías, teniendo en cuenta que se puede ostentar una doble calificación, lo que significa un avance lento en la implementación de los lineamientos OEA, pues tan solo el 7,6 % de este grupo potencial de empresas ha optado por migrar a esta figura.

Así las cosas, y ante un inminente fin de los programas UAP y ALTEX, es importante generar el siguiente interrogante: ¿cuáles son los aspectos que debe tener en cuenta una compañía para lograr la implementación y el cumplimiento de los lineamientos OEA?

Inicialmente, debe quedar claro que hablar de seguridad en la cadena de suministro internacional en los términos de OEA implica un trabajo mancomunado de todas las áreas de la compañía y no únicamente de los departamentos de comercio exterior y/o de operaciones; adicionalmente, que la tercerización de estos procesos por medio de operadores logísticos debe ir más allá de cumplimientos y acuerdos contractuales.

De esta manera, al dar un vistazo a los requerimientos OEA para importadores, exportadores y agencias de aduana establecidos en la Resolución 15 de 2016 de la DIAN, el análisis debe comenzar dentro de la compañía garantizando el conocimiento tanto de sus procesos y buenas prácticas, como de sus falencias y aspectos a mejorar. Así mismo, teniendo como punto de partida la elección y negociación con el proveedor en origen, el transporte internacional, el proceso en puerto y el posterior despacho de la mercancía hacia los respectivos centros de distribución y logística de la compañía.

En este sentido, uno de los primeros análisis a realizar en la implementación de un programa como OEA está relacionado con la infraestructura legal y financiera de la compañía, así como su evolución y gestión del riesgo realizado por la autoridad aduanera, calificación que se encuentra ligada al cumplimiento de las obligaciones aduaneras, cambiarias y tributarias de la compañía en los últimos 3 años.

Una vez se pase este primer filtro, el análisis continuará estableciendo y conociendo los diferentes actores que participan en su cadena de suministro y la forma como estos impactan en su operación. El análisis implica que la compañía debe conocer detalladamente a sus asociados de negocio, realizar visitas a sus instalaciones y revisar los acuerdos comerciales con el fin de establecer medidas de seguridad y continuidad de negocios que permitan identificar actos sospechosos e irregulares de la operación. Ejemplo de ello es la visita que se podría realizar a las instalaciones de los centros de distribución operados por terceros, con el fin de validar las áreas en las que se esté manipulando la mercancía de la compañía en proceso de nacionalización o exportación, y validar aspectos como controles de acceso, entre otros.

Otro aspecto clave está en manos del área de gestión humana, la cual debe velar por mantener procesos de selección adecuados y documentados para los cargos identificados como críticos; es decir, aquellos que tienen conocimiento y contacto directo con las operaciones y flujo de mercancía de la compañía. Debe contar con un control regulado en la entrega de dotación y retiro del personal, con el fin de mitigar riesgos como la suplantación de identidad.

Bajo la misma línea de análisis, el departamento de sistemas o IT tiene la responsabilidad de blindar a la compañía de riesgos como el cibercrimen o la infiltración a información sensible de la compañía. Es el caso de las comunicaciones entre proveedores y la información de embarques que se realiza por medios electrónicos.

A este análisis, que la compañía debe realizar, desde el origen y hasta el centro de distribución, se suman los aspectos de seguridad de las instalaciones de la compañía en los lugares de recepción de mercancía y en sus oficinas principales, ya que estos lugares deben contar con un servicio de seguridad brindado por una empresa debidamente autorizada que preste el servicio 24 horas diarias, manteniendo el control de acceso a las instalaciones y a zonas consideradas críticas, con reacción oportuna en momentos de situaciones sospechosas.

La implementación de estas medidas en el contexto colombiano no cuenta con una fórmula exacta o correcta para ser incorporada en la compañía, a diferencia de lineamientos y modelos establecidos de análisis de riesgo existentes en el marco OEA de la Unión Europea o C-TPAT en los Estados Unidos. Por lo tanto, la implementación de estos requisitos ha estado ligada en el país a las certificaciones y buenas prácticas de programas de estándares de seguridad como ISO 28000 y 28001, o a las iniciativas de seguridad de carácter privado como BASC, que han desarrollado metodologías enfocadas en la gestión del riesgo y la seguridad en la cadena de suministro, certificaciones que facilitan el cumplimiento de los requisitos establecidos por el marco normativo OEA.

Un factor común en el análisis realizado hasta el momento permite identificar que el ajuste de estas políticas y la implementación de medidas de seguridad tendrán un impacto económico alto en la compañía, en vista del levantamiento de información, el desarrollo de políticas y las visitas a aliados estratégicos, entre otros factores a tener en cuenta para obtener este reconocimiento. Sin embargo, la relación costo-beneficio de esta implantación tendrá su resultado en un corto y/o mediano a plazo, con procesos simplificados de desaduanamiento en puertos, disminución en los procesos de reconocimiento de la mercancía en puerto, así como ostentar el reconocimiento de operador seguro y confiable en la cadena de suministro internacional frente a las autoridades aduaneras de terceros países.

En este orden de ideas, el mayor beneficio y la consolidación de este programa para las empresas colombianas se encuentran en los acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM); esto significa que los lineamientos del programa OEA desarrollados en Colombia son reconocidos por la aduana de un tercer país firmante y, por consiguiente, las compañías colombianas que ostenten esta calificación tendrán un acceso preferencial y más eficaz en destino, generando un impacto positivo en costos portuarios y en los costos asociados a la importación o exportación.

En conclusión, la figura de OEA se establece actualmente como la máxima medida de seguridad en la cadena de suministro a lo largo de los países miembros de la OMA, la cual, en el caso colombiano, se encuentra en fase de consolidación y pleno conocimiento entre los empresarios, y que poco a poco han optado por implementar estas prácticas en sus compañías en pro de los beneficios tanto normativos como operacionales que traen este tipo de programas. La clave está en un trabajo conjunto de la gerencia y de los líderes de proceso que soportan la operación y la implementación.

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